Un Call Center de Córdoba que hace lo que quiere con sus empleados: Allus BPO.

Esta historia que quiero contarles es real. Trata del nacimiento de una beba; Angelina, hace menos de un año, y de una situación espantosa que tuvieron que atravesar sus jóvenes padres producto de los manejos inadecuados y quizás, hasta mal intencionados, de una de las empresas de Call Center de Córdoba Capital: Allus BPO Center, ex Action Line.
Los padres de la niña, Lucas Faerman y Carla Liviero, se desempeñaban en uno de los call centers más grandes (tal vez el más importante) de la ciudad de Córdoba Capital; Allus. La empresa funciona hace más de 10 años tercerizando servicios de otras compañías, como por ejemplo la atención al cliente de telefonía celular de Personal; la cuenta más grande que posee.

Carla se preparaba para entrar en el último mes de embarazo y esperaba que se realizara con toda normalidad pero cuando fue a cobrar el dinero del primer mes de licencia de los tres que le corresponden, descubrió que faltaba parte de su sueldo. Encausó el reclamo pertinente con el área de recursos humanos, justamente en la que ella se estaba desempeñando antes de iniciar su reposo, pero ahí le manifestaron que debía reclamar ante ANSES. Lo más angustiante de todo es lo que se pierde entre uno y otro trámite, porque se requiere tiempo de espera, tiempo que se traducía en falta de plata sumamente necesaria para poder responder ante las necesidades de la familia; sin contar los nuevos gastos por la pronta llegada de la beba.

La pareja hizo los trámites correspondientes pero las autoridades de Anses le indicaron que había un registro de un sueldo muy inferior al que Carla percibía por parte de la empresa, por consiguiente, lo haberes eran menores también.

Pasaron los días, Angelina llegó al mundo prematuramente a ráiz del estado nervioso de la mamá y la situación de pago no se regularizó. Con todas las necesidades, los chicos decidieron dejar todo en manos de un abogado, pues la situación se había vuelto un manoseo interminable.

Mientras tanto, Lucas seguía trabajando en un “equipo” de los denominados de “segunda línea” y se especializaba en escuchas internas destinadas a mejorar la calidad de atención. En este contexto, comenzó a ser advertido por compañeros sobre el peligro que significaba que con su mujer le pusieran un abogado a Allus: “Mirá que a ella no le van a hacer nada porque es una madre reciente pero a vos te pueden hacer quilombo”, “te pueden echar, tené cuidado, mirá que vos tenés una nena”, etc.

Entre la falta de plata y las presiones que asumía la pareja, Carla tuvo que renucnciar, y la empresa le liquidó un importe menor al que correspondía; luego, cuando quiso reclamar, le manifestaron que ya no podía hacerlo porque el telagrama de renucncia ya había sido recibido, algo que le habían solicitado desde la empresa previamente a la liquidación. Es decir, le pidieron el telegrama y luego le pagaron mal pero cuando intentó reclamar le expresaron que debió hacerlo antes de la presentación de la renuncia. El malestar de la reciente madre, se acrecentaba y la depresión hizo las cosas más difíciles.

Por su parte, el papá primerizo debió recurrir a un psiquiatra para que le ayudara a afrontar el difícil momento que les tocaba vivir.

Pero todo no concluye aquí: la carpeta psiquiátrica aconsejada por el profesional que tomó el caso llegó a manos de medicina laboral (ente que nunca perjudicará a la empresa por la cual responde) y cuando el paciente fue citado por la institución, observó con gran admiración, que el legajo tenía un cartel que decía “NO JUSTIFICAR”; aunque la secretaria intentó rápidamente esconder debajo del escritorio la prueba del chantaje. Posteriormente, se determinó que Lucas debía reincorporarse al día siguiente sin importar su pésimo estado de ánimo como resultado de los difíciles momentos que tuvo que atravesar y se procedió descontar los días “no trabajados”.

Pero hay más: cuando regresó al call, se le informó que ya no estaría en la célula de “auditor”: es decir, no se le reconoció su puesto, con el argumento de que su categoría de empleado, permitía que se lo pusiera en uno u otro lugar, arbitrariamente, y entonces volvió a atender las casi 80 llamadas diarias (según planifica Allus para sus representantes), sometiéndolo a una presión mayor aún.

Ni si quiera fue respetado el horario del empleado al reincorporarse, afectando el tiempo que el papá tenía para cuidar a su hija.

Actualmente, la mamá cuida a sus niños y Lucas continúa en la empresa que logró imponerse a través de herramientas administrativas y lógicamente, jugando con la necesidad de sus empleados. Del dinero adeudado, unos $3200, todavía no se sabe nada. “Nos agarró en el momento que más lo necesitábamos, nos partió al medio” cuenta el joven con resignación.

Es curioso que éste tipo de informaciones no aparezcan en medios con más llegada, como por ejemplo Canal 12 de Córdoba, Radio Mitre, Cadena 3, Teleocho, que son los que monopolizan el espectro informativo. Pareciera, a caso, que existiera una especie de blindaje para estas empresas.

Los trabajadores de call center son casi 20.000 en la capital cordobesa. El empleo, ya ha dejado de ser temporario puesto que algunos trabajadores llevan casi 7 años, o más, formando parte de la compañía que, además, cuenta con el beneficio de no pagar impuestos y por lo tanto se incrementan sus ingresos.

No obstante, cuando se asoma alguna posible norma para regularizar la situación de los telemarketer, los empresarios y sus influyentes políticos argumentan que no pueden perder competitividad ante mercados emergentes como Perú y Bolivia y amenazan con mudarse a otra provincia que les brinde un tratamiento más “cordial”.

Finalmente, los padres de Angelina, sólo quieren que se respeten sus derechos, como los de cualquier otro empleado en cualquier otra empresa!